El PP solicita agilizar los trámites para obtener el certificado de discapacidad
La vicesecretaria general del Partido Popular de Motril, Ángeles López ha dado a conocer una de las mociones que su formación política ha presentado para su debate y aprobación al próximo pleno municipal. La iniciativa pretende ayudar y apoyar a numerosas familias motrileñas y de la Comarca de la Costa. López Cano informado que al cabo del año son cientos de motrileños los que solicitan y tienen que pasar el reconocimiento de minusvalía en el Centro de Valoración de la Junta de Andalucía. Este trámite es necesario para que se reconozca algún tipo de discapacidad en las personas que sean susceptibles de tenerla y/o tengan algún tipo de patología y tienen que ser revisados por profesionales del Centro de Valoración de la Junta de Andalucía que está ubicado en la capital granadina.
Este reconocimiento sirve para determinar el grado de discapacidad física, psíquica o sensorial del solicitante. Todas las solicitudes que se tramitan en Motril se remiten al único Centro de Valoración provincial situado en la carretera de Alfacar nº 13 de Granada para que se emita el certificado de discapacidad correspondiente al usuario demandante. Esta cifra de demandantes, prácticamente se viene repitiendo año tras año y su número aumenta de forma considerable si se tienen en cuenta las solicitudes del resto de la comarca, con lo cual, este centro no sólo podría atender las necesidades de Motril, sino también del resto de población de la Costa.
Algunos de los problemas con los que se encuentran estas personas es que tienen que esperar más de un año desde que tramitan su solicitud, hasta que son llamados para pasar por reconocimiento. Un año de demora, debido a la falta de recursos materiales, técnicos y humanos de la Junta de Andalucía, en dar respuesta a los ciudadanos que alegan padecer una posible discapacidad.
Para la edil popular poner en marcha este servicio, es de suma importancia ya que ya que muchas personas tardan una año sin poder beneficiarse o acogerse a las ayudas que podrían corresponderle. No es de recibo que un ciudadano tenga que esperar, en asuntos relacionados con la salud más de un año para ser valorado o atendido”. La demora en establecer un dictamen por parte de los Equipos de Valoración y Orientación, ha dado lugar a que personas que podían ser valoradas con más del 33% de Minusvalía se vean privadas de poder solicitar en tiempo y forma, el poder acceder por ejemplo a un empleo y/o a estudiantes acceder a acogerse a bonificaciones de las tasas universitarias, bonificaciones fiscales, solicitud de pensiones no contributivas, exención del impuesto de matriculación, o poder presentarse a una oposición, entre otros beneficios que supone la concesión del grado de valoración de la Junta de Andalucía”, -y ha añadido- “hablamos de temas muy sensibles y que afectan directamente a la vida de las personas, a su salud, a su bienestar y al de sus familias”.
A su vez la concejala de los populares ha recordado que en 2009, hace casi una década desde el Ayuntamiento de Motril y con el respaldo del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad se planteó en una de sus asambleas, la posibilidad de disponer en Motril de un centro comarcal dependiente de la Junta de Andalucía, que abarcara toda la comarca de la costa. Demanda que se hizo sabiendo que estos centros pueden ser de ámbito comarcal o provincial, y que fue aprobada por unanimidad.
“Por ello creemos que si periódicamente el equipo de profesionales atendiera en un espacio de Motril a estos usuarios, para llevar a cabo los reconocimientos en aplicación de los vigentes Baremos de Valoración de Discapacidades, evitaríamos y facilitaríamos mucho la vida a estas personas, pedimos que se habilite un espacio para que se atienda periódicamente a los usuarios e instamos a la Junta de Andalucía a que el equipo de Valoración y Orientación del Centro de Valoración y Orientación de Granada se traslade a Motril, al menos dos veces al mes, para proceder a realizar estos reconocimientos”, ha apuntado.
Ha finalizado explicando que “este tipo de servicios en pleno siglo XXI de cercanía y proximidad a estas personas debería de ser un derecho del ciudadano y no una súplica”.