La alcaldesa de Motril reprocha al PSOE que utilice “como arma arrojadiza” un tema tan sensible como el de la línea marítima
La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha salido al paso en cuanto a las declaraciones formuladas por el Partido Socialita en relación a la línea marítima que conecta la ciudad con Melilla asegurando que “si hay algo que no puede echar en cara la oposición y en este caso el PSOE, es el silencio cómplice de esta alcaldesa de Motril”.
En este sentido, la máxima responsable municipal ha achacado a la portavoz de la agrupación local, Flor Almón, el estar utilizando “como arma arrojadiza” un tema tan sensible como la conexión marítima para sacar rédito político, “precisamente Almón está actuando en la frontera de cómo nos pidió que lo hiciéramos todos los grupos políticos el propio presidente de la Autoridad Portuaria durante un consejo de administración alebrado este verano”.
“Estamos siendo claros y contundentes en este tema y ayer mismos en cuanto nos enteramos que se aprobó la autorización para la licitación las dos líneas Málaga-Melilla y Almería-Melilla, excluyendo a la de Motril activamos la Plataforma y pusimos a funcionar la asesoría jurídica del Ayuntamiento”, ha argumentado la responsable municipal.
De este modo, la alcaldesa ha reincidido la defensa de los intereses de su ciudad, “frente a quien sea” y “no como PSOE e IU en la Junta de Andalucía, que sí que guardan silencio cómplice en cuanto al Decreto litoral”
Luisa García Chamorro ha recordado que la Plataforma en defensa de la línea sigue trabajando para continuar dando los pasos que se fijaron en la hoja de ruta y que les llevarán a reunirse con el director general de la marina mercante el próximo 17 de diciembre.
En la carta que la Plataforma remitió al Ministerio de Fomento el pasado mes de octubre, los agentes implicados solicitaban que pese a que la conexión motrileña no figura como línea de interés general según el Real Decreto 1516/2007 de 16 de noviembre, sí que puede acogerse a las ayudas estatales en esta materia aplicando el artículo 260 del Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante.
Dicho texto establece que el Gobierno podrá implantar obligaciones generales de servicio público en los servicios regulares de navegación interior y cabotaje en los casos en que las empresas operadoras no los prestarían, si tuviesen en cuenta su propio interés comercial y que resulten necesarios para asegurar el servicio de transporte entre distintas localidades o bien para garantizar esta prestación en condiciones aceptables, pudiendo dar derecho a compensaciones económicas por parte de la Administración.